Ramón Lobo/El Pais

La alegría del rescate de los mineros no entierra las causas por las que 33 hombres han pasado 68 días bajo tierra con gran riesgo de sus vidas. Los dueños del mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, deberían afrontar algo más que una comparecencia parlamentaria en la que pidieron perdón por el derrumbe y la congelación de los bienesde la empresa San Esteban para hacer frente a indemnizaciones.

Las condiciones de inseguridad eran flagrantes, conocidas y reiteradas. Los incumplimientos y las trampas lindan en lo delictivo. La empresa San Esteban, especializada en la extracción de oro y cobre, respondió al embargo de bienes con la presentación de una petición de quiebra. Un juzgado decidirá. El ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, ha solicitado la intervención del Consejo de Defensa del Estado para recuperar lo gastado. Solo la operación de salvamento costará 7,1 millones de euros.

Bohn y Kemeny han estado un mes desaparecidos, no se han presentado en la mina accidentada, tardaron cinco horas en dar aviso tras el accidente y retrasaron la entrega de mapas y otros documentos a los geólogos y expertos en el rescate por temor a que estos dejaran al descubierto las carencias de seguridad.

La mina San José tiene acreditados 80 accidentes, algunos de ellos graves. En 2004 hubo un muerto y otro en 2006. Ese año, un segundo accidente causó 182 heridos. Las autoridades la cerraron en 2008 tras la muerte de un geólogo en una explosión. Los dueños fueron acusados de homicidio involuntario. El caso se cerró tras un acuerdo extrajudicial y el pago de una indemnización a la familia. Bohn presionó al entonces director del Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) y logró la reapertura tras comprometerse a construir una ruta desde el refugio hasta la superficie. No lo hizo. Cuando se produjo el derrumbe, el 5 de agosto, los mineros trataron de salir a través de un túnel de ventilación. No lo lograron porque la chimenea de escape carecía de peldaños y solo cubría un tercio del camino.

El martes hubo una manifestación de mineros en Copiaró, la ciudad más próxima. Eran trabajadores de San José que protestaban porque no cobran desde septiembre y la empresa les anuncia que el primer pago será en diciembre. Además de los 33 hay otros 300 mineros empleados en San Esteban. No todos disponen de las mismas condiciones. La empresa se nutre de subcontratas. Hay mineros de primera, que ganan mil dólares (unos 700 euros) al mes, y otros de segunda, que ganan menos. Dentro de la mina también había clases sociales como probó elconato de rebelión.

El presidente (desde marzo) de Chile, Sebastián Piñera ha prometido una investigación y sanciones; también una reforma de las leyes. Manuel Délano explica a Aguas Internacionales que el organismo que vela por la seguridad de los mineros es víctima de la crisis y de los recortes. Cuentan con 16 inspectores para 4.500 minas. En Atacama, donde está San José, dispone de tres inspectores para 844 minas. Esto ha llevado a Alejandro Bohn a culpar al Sernageomin del accidente en su mina.

El objetivo de Piñera es aumentar a 45 inspectores y elevar el presupuesto del organismo de vigilancia de 24 millones de dólares a 56 millones. Un inspector podría tardar una semana en estudiar una mina media como San José. Para empresarios sin escrúpulos es más barato no cumplir con la seguridad y arriesgarse a la lotería de ser sorprendidos y pagar la multa, mucho más batata que la infracción.

El empresariado chileno ha arremetido contra Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. Les acusan de ofrecer una mala imagen del país. La investigación emprendida por el Congreso, que incluirá la declaración de los 33 mineros cuando estos estén en condiciones, incluirá posiblemente una solicitud para que la fiscalía emprenda acciones.

Las medidas legales contra Bohn y Kemeny podrían extenderse a los accionistas de la empresa y a la incautación de sus bienes para hacer frente a pagos. Sería interesante que acciones tan alejadas al todo vale yel mercado decide se adopten bajo la presidencia de un magnate billonario hermano de un ministro del dictador Augusto Pinochet, que entre sus carteras ostentó la de Minas y puso las bases de una legislación tan laxa.

Quizá el exceso de periodistas y el circo mediático haya servido para garantizar y adelantar el rescate. Ahora debería ayudar a impedir el olvido.

Via: elPais